CTA gana la demanda contra una empresa agrícola en Montalbán para 35 trabajadoras

Recientemente, la asesoría jurídica de C.T.A. ha recibido la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de esta Capital, que se dicto el día 4 de agosto del año en curso (2016). Dicha sentencia es consecuencia que la demanda que C.T.A. tramitó a 35 trabajadoras de la localidad de Montalbán por el impago de la empresa Ail-Garlic por las jornadas trabajadas en la recolección del ajo el día 29 de diciembre del año 2014. Esta sentencia reconoce la deuda a estas trabajadoras de entre 3.339 euros a la que más a 438 euros a la que menos, siendo la cantidad media adeudada a las trabajadoras de más de 2.000 euros. En dicha sentencia se reconocen los intereses de demora en el impago, si bien tenemos que advertir que de estas cantidades adeudas y reconocidas, responderá el Fondo de Garantía Salarial en los límites que marca la legislación tras el intento de liquidación a la empresa, por lo que el abono aún puede demorarse unos meses. No podemos mostrar nada más que nuestra satisfacción porque las trabajadoras de Montalbán hayan conseguido recuperar, después de una larga espera de más de dos años y medio, más la que ahora se inicia, parte de lo que se les debe por su trabajo y que esto lo hayan hecho desde la confianza depositada en C.T.A. y su asesoría jurídica. Pero desde la Federación de Jornaleros y Jornaleras de C.T.A. necesariamente tenemos que realizar varias reflexiones al respecto. La indefensión en la que nos vemos abocados los trabajadores/as eventuales del campo es inhumana puesto que el Convenio Colectivo del campo de la provincia de Córdoba no obliga a los empresarios a realizar contrato de trabajo por escrito hasta el día 28 de trabajo, cosa que tampoco cumple la patronal. Llevando en todo momento la carga de la prueba los trabajadores/as, lo que hace que los empresarios eludan muy fácilmente hasta la obligación de pagar los salarios. En segundo lugar, que los procesos judiciales son interminables, y que estas trabajadoras con suerte cobraran parte de los salarios adeudados, precisamente por esta causa, como muy pronto a los tres años de haber realizado su trabajo. Salarios que necesitan para la manutención de sus hijos. En tercer lugar que existe una total impunidad de responsabilidad civil y penal de los empresarios que reciben el trabajo y sus beneficios y que después no pagan porque quién va a pagar es el fondo de garantía salarial, sin que la Fiscalía y la Inspección de Trabajo actúen al respecto. Convirtiéndose así estos empresarios en defraudadores de los trabajadores/as y de la Seguridad Social y de los derechos de los trabajadores/as como el apuntar y liquidar los días trabajados a la Seguridad Social, negando con estas prácticas el derecho que le asiste a cobrar en muchos casos el desempleo y reunir los requisitos para obtener la jubilación cuando llegue el momento. Delitos previstos por el art. 316 y siguientes del Cogido Penal, y que no son perseguidos, convirtiéndose estos empresarios en impolutos ante la ley. Por último, manifestarle al Sr. Fernández de Mesa, Presidente de la Patronal Agraria y que niega estos hechos, que para botón aquí tiene una muestra, y que quién miente es él y no C.T.A. y que si nos lo requiere le podemos entregar por escrito las más de 250 denuncias que tenemos puestas en la Inspección de Trabajo contra estas prácticas mafiosas laborales en el campo. Inspección que no actúa y no se esmera por descubrir en un 90% de las denuncias estos hechos. Por último decir, que la asesoría jurídica de C.T.A.-Córdoba está actuando en toda la provincia de Córdoba, y animar a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que sufran estos abusos a que acudan a C.T.A bien en nuestras sedes o en los teléfonos de contacto. C.T.A. guardará en todo momento el anonimato de los trabajadores y trabajadoras que denuncien, debido a la represión que la patronal agraria viene aplicando sobre la clase trabajadora del campo que reivindican simplemente su salario por haber trabajado.