Dos exconcejales del PP, ante el juez por prevaricación 

FUENTE CORDÓPOLIS 

Rafael Navas y Miguel Reina declararán, los días 22 y 25 abril, en “calidad de investigados” por la presunta concatenación irregular de contratos menores en el Imdecor y el Alcázar | La denuncia fue interpuesta por el sindicato CTA el pasado 9 de octubre

El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha citado a los exediles del Partido Popular con el gobierno de José Antonio Nieto, Rafael Navas y Miguel Reina, para que presten declaración los próximos días 22 y 25 de abril, respectivamente, en “calidad de investigados” (término que ha sustituido recientemente al concepto de imputado) por sendos delitos de “presunta prevaricación administrativa”, confirmaron a este medio las fuentes consultadas, que precisaron que las providencias de citación fueron remitidas desde el juzgado el pasado día 3 de febrero.

Las mismas fuentes precisaron que la citación judicial se apoya en un informe del Ministerio Fiscal que, dada la comparecencia “en calidad de investigados”, estima indicios de delito y da credibilidad a la denuncia planteada el pasado 9 de octubre por el sindicato CTA, que presentó en los juzgados sendos escritos en los que se alertaba de la presunta prevaricación por el fraccionamiento irregular de contratos en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) -cuyo presidente era Miguel Reina- y en el Alcázar de los Reyes Cristianos, cuyo responsable político era Rafael Navas, como delegado de Turismo.

En el caso del Instituto Municipal de Deportes, el primer escrito del sindicato CTA ante la Fiscalía se remonta al pasado 22 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, y en él se denunció el presunto fraccionamiento irregular del contrato con la firma de abogados Cuatrecasas. Según la denuncia, Reina, a través de sendos decretos firmados en mayo y octubre de 2013, habría eludido el límite económico para este tipo de contratos menores (30.000 euros) para contratar al bufete catalán que, entre otras cuestiones, llevó el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el organismo municipal.  La suma de estos dos contratos ascendió a 36.905 euros.

La reacción del Partido Popular, por boca del entonces teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, fue negar todas las acusaciones, indicar que las contrataciones estaban “justificadas” y acusar al sindicato de “subir un nuevo peldaño” en la escalada de ataques hacia el gobierno local. Sin embargo, tras esta primera denuncia vino una ampliación, presentada ante la Fiscalía en el mes de junio de 2015, en la que se incorporaban dos nuevos decretos firmados por Reina con la misma firma de abogados que se concretarían en enero de 2014 y de 2015 y cuyas sumas fueron de 18.000 y 12.000 euros, a los que habría que sumar el IVA.

La gestión del Alcázar, también en entredicho

Tres días antes que Miguel Reina, el 22 de abril, comparecerá ante el juez Rafael Navas, el anterior responsable del Área de Turismo en el gobierno de Nieto. La declaración se produce en los mismos términos que la del expresidente del Imdeco: “en calidad de investigado” y por el mismo presunto delito: “prevaricación administrativa”, que se concreta en la misma concatenación de contratos menores; esta vez en el Alcázar de los Reyes Cristianos y con la empresa EMTE como protagonista.

El asunto del Alcázar ha sido objeto de polémica desde que se inició el actual mandato.En el mes de julio del pasado año el actual responsable de Turismo, Pedro García (IU), y el de Presidencia, David Luque (PSOE), comparecen en rueda de prensa para informar de que no se puede prolongar el contrato del espectáculo de luz y sonido porque “una cláusula del contrato lo prohíbe expresamente” y, pese a ello “se hizo” por el anterior gobierno local.

García y Luque revelan que el contrato vinculado al pliego de condiciones expiró el 24 de octubre de 2014 y se prorrogó, pese a la prohibición que figuraba en las cláusulas y las advertencias de técnicos municipales, hasta el mes de diciembre de ese mismo año. Posteriormente, hubo otros dos contratos menores, de enero a marzo y de abril a 31 de julio, dejando un mes de vacío legal en el que sí hubo espectáculo, pero “sin ningún tipo de cobertura”, indicó García, que en aquella rueda de prensa también señaló que “hubo advertencias por parte de Intervención y de la asesoría jurídica” que no fueron tenidas en cuenta por el gobierno del PP.

Un mes después de esa rueda de prensa, en agosto, se hace público un durísimo informe del subdirector general de Turismo, David Gibert, en el que se concluye que “el contrato del Alcázar vulneró frontalmente la legalidad“. En este informe se detalla la concatenación de contratos y el técnico agrega en el informe que él mismo planteó “numerosas propuestas de explotación del equipamiento sin que el anterior equipo de gobierno se decantara por ninguna, por lo que se continuó de una forma absolutamente irregular utilizando la contratación menor”, hecho que se puso en conocimiento de los entonces responsables políticos y técnicos que, según lo que se detalla en el informe, hicieron caso omiso.

Conocidos los hechos y visto el informe, el Ayuntamiento anuncia una investigación a comienzos de septiembre y recalca el mensaje de “prudencia” que guió la rueda de prensa del mes de julio (de los resultados de esta comisión, cinco meses después, no se conocen resultados). Quien no espera es el sindicato CTA, que nueve días después anuncia que llevará los hechos ante la Fiscalía y avanza que la comisión de ese presunto delito de prevaricación podría extenderse “a otras autoridades o funcionarios por su participación en los hechos”.

Ambas denuncias, la de Reina y de Navas, se entregan en Fiscalía el 9 de octubre y de su análisis e informe por parte del Ministerio Público llega la citación de ambos exediles, prevista para el próximo mes de abril. Ahora falta conocer cuál será la postura del Gobierno municipal ante este anuncio y si la anunciada comisión de investigación, caso del Alcázar, ha dado algún resultado en estos cinco meses en los que, por lo pronto, tanto CTA como el juzgado ya han movido ficha.

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