CTA lleva el caso de 19 polacos a la Fiscalía, que han denunciado haber trabajado nueve días pero haber cobrado solo dos

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El sindicato CTA ha llevado a la Fiscalía Provincial de Córdoba una denuncia firmada por 19 trabajadores de nacionalidad polaca en la que ponen en su conocimiento que han sido contratados para la campaña de la naranja pero que apenas cobran. Según ha informado este jueves el coordinador provincial del sindicato, Francisco Moro, estos empleados trabajaban nueve días “pero solo cobraban dos”.

Moro ha informado sobre esta denuncia contra la empresa que los contrató, radicada en Fuente Palmera. Sin embargo, los trabajadores también recogieron naranja en fincas de la vecina provincia de Sevilla, donde apenas cobraron. Así, a finales de diciembre decidieron unirse, acercarse al sindicato CTA y poner los hechos en conocimiento de la Inspección Provincial de Trabajo, primero, y después de la Fiscalía.

“No tienen contrato de trabajo, no reciben nóminas y encima tienen un problema con el idioma”, denuncia Francisco Moro, que critica el “movimiento migratorio” provocado por la “patronal agraria” del campo cordobés para ahorrarse costes y dinero.

Por otra parte, Moro ha denunciado que la Fiscalía haya archivado lo que considera un delito de apropiación indebida. En concreto, se refiere al caso de 50 trabajadoras del ajo a las que un empresario les debe un total de 80.000 euros de dos campañas, entre 2013 y 2015. El sindicato llevó el caso a la Fiscalía y finalmente ha sido archivado, pese a que existe una “sentencia firme” de un Juzgado de lo Social.

“No nos podemos explicar cómo las instituciones del estado le dan la espalda a la realidad y a los derechos de los trabajadores de esta manera. Llevamos dos años pidiendo investigación general de lo que ocurre en el campo andaluz”, expone Moro, que denuncia que no se haya hecho nada.



CTA gana la demanda contra una empresa agrícola en Montalbán para 35 trabajadoras

Recientemente, la asesoría jurídica de C.T.A. ha recibido la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de esta Capital, que se dicto el día 4 de agosto del año en curso (2016). Dicha sentencia es consecuencia que la demanda que C.T.A. tramitó a 35 trabajadoras de la localidad de Montalbán por el impago de la empresa Ail-Garlic por las jornadas trabajadas en la recolección del ajo el día 29 de diciembre del año 2014. Esta sentencia reconoce la deuda a estas trabajadoras de entre 3.339 euros a la que más a 438 euros a la que menos, siendo la cantidad media adeudada a las trabajadoras de más de 2.000 euros. En dicha sentencia se reconocen los intereses de demora en el impago, si bien tenemos que advertir que de estas cantidades adeudas y reconocidas, responderá el Fondo de Garantía Salarial en los límites que marca la legislación tras el intento de liquidación a la empresa, por lo que el abono aún puede demorarse unos meses. No podemos mostrar nada más que nuestra satisfacción porque las trabajadoras de Montalbán hayan conseguido recuperar, después de una larga espera de más de dos años y medio, más la que ahora se inicia, parte de lo que se les debe por su trabajo y que esto lo hayan hecho desde la confianza depositada en C.T.A. y su asesoría jurídica. Pero desde la Federación de Jornaleros y Jornaleras de C.T.A. necesariamente tenemos que realizar varias reflexiones al respecto. La indefensión en la que nos vemos abocados los trabajadores/as eventuales del campo es inhumana puesto que el Convenio Colectivo del campo de la provincia de Córdoba no obliga a los empresarios a realizar contrato de trabajo por escrito hasta el día 28 de trabajo, cosa que tampoco cumple la patronal. Llevando en todo momento la carga de la prueba los trabajadores/as, lo que hace que los empresarios eludan muy fácilmente hasta la obligación de pagar los salarios. En segundo lugar, que los procesos judiciales son interminables, y que estas trabajadoras con suerte cobraran parte de los salarios adeudados, precisamente por esta causa, como muy pronto a los tres años de haber realizado su trabajo. Salarios que necesitan para la manutención de sus hijos. En tercer lugar que existe una total impunidad de responsabilidad civil y penal de los empresarios que reciben el trabajo y sus beneficios y que después no pagan porque quién va a pagar es el fondo de garantía salarial, sin que la Fiscalía y la Inspección de Trabajo actúen al respecto. Convirtiéndose así estos empresarios en defraudadores de los trabajadores/as y de la Seguridad Social y de los derechos de los trabajadores/as como el apuntar y liquidar los días trabajados a la Seguridad Social, negando con estas prácticas el derecho que le asiste a cobrar en muchos casos el desempleo y reunir los requisitos para obtener la jubilación cuando llegue el momento. Delitos previstos por el art. 316 y siguientes del Cogido Penal, y que no son perseguidos, convirtiéndose estos empresarios en impolutos ante la ley. Por último, manifestarle al Sr. Fernández de Mesa, Presidente de la Patronal Agraria y que niega estos hechos, que para botón aquí tiene una muestra, y que quién miente es él y no C.T.A. y que si nos lo requiere le podemos entregar por escrito las más de 250 denuncias que tenemos puestas en la Inspección de Trabajo contra estas prácticas mafiosas laborales en el campo. Inspección que no actúa y no se esmera por descubrir en un 90% de las denuncias estos hechos. Por último decir, que la asesoría jurídica de C.T.A.-Córdoba está actuando en toda la provincia de Córdoba, y animar a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que sufran estos abusos a que acudan a C.T.A bien en nuestras sedes o en los teléfonos de contacto. C.T.A. guardará en todo momento el anonimato de los trabajadores y trabajadoras que denuncien, debido a la represión que la patronal agraria viene aplicando sobre la clase trabajadora del campo que reivindican simplemente su salario por haber trabajado..

 
 

Concentración en las puertas de Asaja

Después del programa emitido el martes porla cuatro de televisión y donde quedo claramente demostrado quela explotacion laboral y la esclavitud existen en el Valle del Guadalquivir. El presidente de Asaja Córdoba ,lgnacio Fernández de Mesa hizo declaraciones el pasado viernes en canal sur televisión. Sus declaraciones eran: TODO LO QUE HA EMITIDO EL POGRAMA ES FALSO Y QUE PUEDE HABER ALGUNA EMPRESA PERO NADA MAS.

Estas declaraciones hacen muchísimo daño alos trabajadores y trabajadoras del campo,las cuales han motivado que muchos trabajadores y trabajadoras pidan a CTA que posibilite una concentración en la puerta delas instalaciones de Asaja en Córdoba para recriminarles dichas declaraciones.

Desde CTA informamos que todo el que quiera participar debe ponerse en contacto con CTA en el teléfono 626768674 o pasando por la cede CTA pondrá un autocar y sacara los permisos oportunos para dicha concentración para que nadie pueda ser denunciado

ESPERAMOS TU ASISTENCIA.

Temporeros a bajo coste

La cadena de televisión cuatro se hace eco de la situación que se vive en el campo andaluz, con la explotación de los jornaleros y que viene denunciando CTA, ante la Inspección de Trabajo, la fiscalía, la justicia y el resto de administraciones. El reportaje recoge las consecuencias que esta teniendo este tipo de prácticas.

“Es duro ver cómo la gente pasa hambre en la tierra más fértil de Andalucía”

El convenio de la naranja en el valle de Guadalquivir fija el jornal en 47,54 euros, pero los patronos contratan por 20 a sin papeles búlgaros o africanos.


FUENTE ANDALUCESDIARIO.

La llamada crisis de la naranja en el pueblo cordobés de Palma del Río y su comarca ha dejado a sus vecinos en una más que complicada situación laboral y social. “Si no se respeta el convenio agrícola en las peonadas, vamos a volver a las condiciones que tenían nuestros padres hace cincuenta años”. José Parra tiene 55 años y lleva toda la vida recogiendo la naranja en su pueblo natal. “Desde chico llevo trabajando la tierra. A los once años gané mi primer jornal”. Incluso en las malas cosechas, José siempre había podido sellar su cartilla del paro agrícola, pero ahora resulta imposible llegar a las 35 peonadas -que dan derecho a cobrar el subsidio agrario- con la mano de obra que llega de fuera. “La competencia con las cuadrillas hace que solo se pueda trabajar dos días a la semana y no llegamos a ganar ni 400 euros al mes”, apunta este jornalero. Por ello, casi la totalidad del pueblo está con el agua al cuello. “Primero las facturas, luego la comida. Eso, siempre”.

Parra no solo labra la tierra, también es el secretario del sindicato CTA en la Comarca del Bajo Guadalquivir. “Hemos puesto más de 200 denuncias porque en la mayoría de los casos no dan de alta a los trabajadores agrícolas en Palma, no les sellan la peonada y no pueden llegar a cobrar el paro cuando no hay trabajo ni cosechas”.

El convenio actual de los cítricos, firmado en el año 2013 por ASAJA y UGT, estipula el jornal diario en 47,54 euros brutos, quitando de media unos cinco euros de rebaja por el IRPF, por una jornada de seis horas y media. “Las cuadrillas de sin papeles de rumanos, búlgaros y africanos trabajan por menos de la mitad, llegando a cobrar por peonada 20 euros sin estar dados de alta en la Seguridad Social”, explica Parra.

NI BEBER AGUA EN JORNADAS DE SOL A SOL

El sindicato CTA (Coordinadora de Trabajadores de Andalucía)  relata cómo esta mano de obra explotada e ilegal amenaza de manera grave la situación y condiciones de los jornaleros en los diecisiete municipios del Valle del Guadalquivir donde hay campos de naranja. “Cuando hablamos con estas cuadrillas de rumanos, nos cuentan que algunos agricultores no les dejan beber agua ni fumarse ni un cigarro cuando lo necesitan, ni parar para poder hacer su trabajo como personas”, aclara Parra. Jornadas de sol a sol con doce horas en el campo y sin estar dados de alta en el régimen agrario. “La última denuncia nos llegó era de una cuadrilla de cincuenta rumanos que llegaron a cobrar menos de dos euros la hora y luego al no haber contrato, el propietario se negó a pagar gran parte de los sueldos”, denuncia.

Desde CTA presionan para que haya más inspecciones de trabajo, pero no es fácil: “Muchos inspectores nos dicen que no tienen medios ni recursos para ir en coche hasta allí y hay una dejadez absoluta por parte del Gobierno para hacer que se cumpla el convenio, que solo respetamos algunos jornaleros que no renunciamos a nuestros derechos”.

PLANES MUNICIPALES DE EMPLEO

José Antonio Ruiz Almenara, alcalde de Palma del Río (PSOE), ha relatado a Andalucesdiario.es que el presupuesto del Ayuntamiento para planes de empleo ha aumentado de “30.000 euros a 500.000 desde el inicio de la crisis para sensibilizarnos con nuestros vecinos y la situación que están pasando”. El compromiso se ha materializado también en una visita que ha hecho el alcalde a Bruselas para informar a representantes de la Unión Europea de la grave situación de los jornaleros en esta comarca del Guadalquivir. “Hemos creado planes de trabajo para la contratación durante 15 días, prestando servicios a la comunidad”.

Almenara señala que entre los trabajos a realizar se encuentra pintar fachadas de colegios, pasos de peatones, limpieza de calles, etc. El coste del peón por esos trabajos de quince días asciende por parte del consistorio a 718 euros y si hablamos del trabajo, por ejemplo, de un oficial de albañilería durante un mes la cifra asciende ya a 1.757 euros, en otro de los planes de ayuda. Almenara destaca así que “se garantiza el sustento básico de las familias que lo están pasando tan mal con la subida del paro” y rozan el riesgo de exclusión social.

“En la tierra más fértil de Andalucía es duro ver cómo la gente pasa hambre”, destaca el sindicalista Parra después de toda una vida entre los naranjos. A una década de su jubilación, prefiere no plantearse el futuro: “He cotizado lo máximo muchos años de mi vida, pero al final solo cuentan los últimos quince, así que me va a quedar una pensión que no va a llegar ni a los 500 euros”, aclara.

UN PARO QUE TAMBIÉN AFECTA A LAS MUJERES

Parra no quiere dejar de lado la situación de las mujeres. El paro femenino ha aumentado con el cierre de muchos almacenes desde que la agroindustria valenciana compra gran parte de esta producción, sin hacer la selección previa que se hacía antes de la naranja desde el pueblo. “La selección y clasificación ya no la hacemos desde nuestros almacenes y muchas de las mujeres de este pueblo y de lo más cercanos también han perdido este sustento”, señala Parra.

“Buscamos solo justicia social y que se respete el convenio de una vez para todos, no solo para los de aquí”. Parra espera que la renovación del nuevo convenio a finales de año permita que la ley llegue hasta la tierra, para que el que la trabaja y la conoce y lleva labrándola toda una vida.